Existe una violación a la Constitución Dominicana, a la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica de la Direccion General de Impuestos Internos, Ley de Presupuesto, la usurpación de las funciones del congreso en su competencia y facultad constitucional de aprobar los préstamos contraído por el Estado Dominicano.
Advertimos que, en el año 2022, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos concertaron y firmaron un acuerdo de préstamo por 20,000 millones de pesos, deducibles del aporte individualizado del Impuesto Sobre la Renta de 29 entidades de intermediación financieras.
Masajeaban su vanidad y arrogancia el Ministro de Hacienda y el Director de Impuestos Internos al declarar, en el mismo documento de marras, el tener poder y autoridad suficiente para garantizar a las entidades de intermediación financiera: celebrar, ejecutar y cumplir en nombre de la República Dominicana un acuerdo que establecía unos intereses que, para los años 2022 y 2023 serían de un 5%, Pero para los años comprendidos desde 2024 hasta 2031, los intereses serían de 11.25%, con lo cual la caducidad de éste empréstito, sobrepasaría, la legislatura actual y las dos legislaturas subsiguientes.
Estamos evaluando con nuestros abogados y con nuestro consultorio político, la posibilidad de valorar estas violaciones, las cuales por su gravedad constituyen flagrantes delitos fiscales, con el propósito de establecer la responsabilidades y las acciones con signadas, tanto con las entidades públicas como con las corporaciones privadas, envueltas en este escándalo monetario, financiero y fiscal contra el orden institucional de nuestro país.
DECLARACION DE PRENSA DEL VOCERO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO, SENADOR
IVAN SILVA
Viola flagrantemente la constitución de la República y transgrede las competencias del congreso de la República, el presidente Luis Abinader, cuando compromete varios periodos constitucionales al contraer irregularmente un endeudamiento con la banca privada, por RD$30,000 millones de pesos, subterfugios financieros orquestados por la Junta Monetaria y el Banco Central.
Apoyarse en una violación de la ley que establece el presupuesto de ingresos y la ley de gastos públicos, para favorecerse en un periodo preelectoral es un acto ilegal, que puede ser tipificado como delincuencia fiscal, por parte de un gobierno que, se ha lanzado a la caza y pesca de ediles de partidos opositores en una competencia con medios democráticos desleales, buscando fines inconfesables, los cuales destruyen los limites y los equilibrios políticos de cualquier democracia decente.
Usar la treta de dinamizar la economía, por medio de la facilidad y la liquidez rápida, es el pretexto, para cometer esta felonía financiera por parte del gobierno del presidente Abinader, sin que, niel congreso, ni el pueblo dominicano, quien tendrá que pagar con impuestos, un empréstito de cual desconoce; el monto, las condiciones de pago, el tiempo de vencimiento, los intereses y las comisiones que tendremos por delante, para sufragar esta deuda oscura, sin que el país este en emergencia o con alguna urgencia nacional, la cual amerita una operación financiera de esta
categoría.
Exigimos que el Banco Central y la Junta Monetaria, le expliquen y describan la cartografía financiera de una emisión que, como esta se extiende por sectores privados y termina misteriosamente en las
cuentas nacionales. Una operación fiscal con ribetes de conspiración económica y electoral, copiada de un libreto de una de las películas de “Mafia Siciliana”, donde se han roto todos, los límites constitucionales, incluyendo la ley Orgánica del Ministerio de Hacienda, la Ley Monetaria y
financiera, en suma, un órdago de gobierno con todas las reglas de la “Camorra italiana”.
Llevamos la vocería en el Senado de la República, del Partido Revolucionario Dominicano, y desde esta atalaya pedimos a los colegas senadores y senadoras, pensar en esta usurpación grosera, de las facultades políticas, constitucionales y democráticas del congreso por parte de uno de los poderes públicos, el Poder Ejecutivo, pero sobre todo, el riesgo institucional que representa este agravio al pueblo dominicano.
Pensemos senadores y senadoras en la vida republicana de la nación, si debemos permanecer indiferentes ante este despropósito, anteponiendo los intereses de partidos y electorales, por encima de los intereses generales del país.
Somos el Poder del Estado Dominicano, llamado constitucionalmente a frenar estos actos antidemocráticos e ilegales, los cuales comprometen la Soberanía del Estado Dominicano.
