Nos hemos mantenido firmes en nuestra posición a favor del proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana.
Hicimos incapié en qué no debemos confundir las casas con el efecto de la ley 112-00, ya que, pudimos observar que está ley hace un aumento de impuestos, concesiones de privilegios, decretos los cuales garantizan ganancias cuantiosas a quienes comercializan con estos productos.
Estas causas mencionadas son las que ocasionan efectos aterradores, en los cuales solamente sufre la sociedad dominicana. Corregir los alcances delictivos y la aplicación criminal de la ley 112-00, es nuestra responsabilidad y obligación hoy, pues sería imperdonable que pasáramos por alto.
